La aplicación de la Ley de Costas de 1988 ha llenado últimamente titulares de prensa y ocupado muchos espacios en televisiones, radios y foros de internet. Esta normativa, aprobada en su día en el Parlamento Español, tenía la buena intención de conservar y mejorar nuestras costas. Sin embargo, su aplicación y muchos de sus preceptos, han vulnerado y siguen vulnerando principios básicos amparados por la Constitución Española y la normativa europea. Las injusticias y arbitrariedades cometidas por la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, han sido de tal magnitud, creado tanta inseguridad jurídica y situaciones dramáticas a tantas personas, que el propio Parlamento Europeo, el 26 de marzo de 2009, emitió una durísima resolución conocida como Informe Auken, exigiendo al Estado Español que modifique de forma urgente dicha Ley bajo amenaza de retirarle los fondos estructurales y de cohesión de los que todos nos beneficiamos.
Este informe, que también denuncia los graves perjuicios ocasionados por los pelotazos urbanísticos y la urbanización desaforada realizada durante los últimos años, no es del agrado de muchos de nuestros gobernantes, obviamente. No se conoce ninguna ley que haya sufrido un suspenso tan mayúsculo por parte de nuestros socios europeos, ni una reacción tan timorata y cobarde por parte de nuestros gobernantes y administraciones. La noticia no se ha querido difundir y, lo que es peor, no se quiere enmendar una Ley de Costas que a todas luces incumple
mandatos constitucionales tan básicos como la prohibición de la retroactividad de las normas perjudiciales o el derecho a la propiedad.
Este problema afecta a ciudadanos españoles y europeos que poseen sus viviendas y negocios en todo el litoral peninsular e insular. La franja costera ubicada en la mitad sur de la provincia de Castellón y al norte de Valencia sufre una regresión muy acusada desde hace varias décadas. ¿Será culpa del cambio climático, que hace subir el nivel del mar? En absoluto. Las playas se mantienen gracias al aporte de arena que traen las corrientes del norte y los sedimentos que aportan los ríos por sus desembocaduras. Las presas y embalses construidos a mediados del siglo XX redujeron parte de dicho aporte. Pero el mayor freno al crecimiento y mantenimiento de la costa en esta zona se produjo con la construcción y posteriores ampliaciones de los puertos de Castellón y Burriana. Las autoridades portuarias y, en su defecto, la Administración, tienen la obligación legal de proteger las playas al sur de los puertos, por medio de la construcción de defensas y espigones. Esto no se ha hecho, y tan sólo se han puesto parches en algunas zonas. La franja costera se ha reducido en varios cientos de metros en los últimos años en muchos tramos. Y, con cada temporal, el mar gana varios metros más. Los que poseemos viviendas cerca del mar vemos como cualquier día el agua nos engullirá, y que el uso turístico de nuestras playas desaparecerá por inexistencia del recurso.
Cuál ha sido la solución dada al problema: criminalizar a los propietarios de viviendas, restaurantes y chiringuitos playeros. Destruir en lugar de construir, aprobar una ley confiscatoria, desviar la atención encargando estudios cada ciertos años, y eludir la responsabilidad de recuperar terreno al mar por medio de acciones contundentes y duraderas. Ya se derribaron las casas de la primera fila de los municipios de Almenara y Xilxes, y siguen en el empeño de tirar las filas posteriores de éstos y otros muchos municipios. Y lo que no haga el Gobierno lo hará el propio mar. Parece que nos hayamos vuelto locos, con tanto derribo y tanto deslinde. Hay que ganar terreno al mar y revertir el proceso, respetar las propiedades y mantener el derecho al uso de nuestras playas. Como no lo quieren ver, han sido las máximas instancias europeas las que nos lo recuerden.
Durante las últimas semanas nos hemos reunido los representantes de las asociaciones de afectados por la aplicación de la Ley de Costas de los municipios de Almenara, Nules, Xilxes, Moncofar y La Playa de Almardá de Sagunto. Junto con asociaciones de ámbito nacional y europeo, estamos intentando que nuestra voz se oiga, y necesitamos el apoyo político y gubernamental de nuestros representantes, empezando por los ayuntamientos y siguiendo hasta las instituciones europeas, y de los medios de comunicación. La imagen de los que habitamos cerca del mar se ha visto empañada por informaciones erróneas. Se trata de defender la costa, y no de criminalizar a sus más próximos moradores; de que se hable de regeneración de la playa y no de derribos de viviendas o prohibición de actividades; de que las leyes se apliquen para los ciudadanos y no en su contra.
Si el Parlamento Europeo dictamina que la Ley de Costas de 1988 debe modificarse hay que decretar una moratoria inmediata a su aplicación, y proceder a su modificación. Aplicar una norma, a sabiendas de que es injusta, es motivo de delito de prevaricación por parte de los funcionarios y autoridades que actúen amparándose en ella.
Mi casa, ubicada en la playa de Almenara tras el paseo marítimo y que goza de concesión administrativa desde 1935, pretende ser demolida en los próximos días al amparo de la Ley de Costas. El mar bate con fuerza a escasos 50 metros enfrente, donde hasta el 2001 había una fila de casas que se derribó y cuya playa llegaba casi 200 metros más allá. La batería de acciones legales y demandas de justicia que hemos realizado no parecen ser tenidas en cuenta, el terror de la llegada de las palas no nos deja dormir y, por la fuerza y ruido de las olas, casi prefiero ser derribado por ellas que por los irresponsables ejecutores del Servicio de Costas que no ven que no soy yo el que se acerca al mar, y que el mar se lanzará contra ellos si no se centran en su verdadero cometido.
Ante esta situación sólo cabe una respuesta clara de la sociedad civil y una actividad enmendadora urgente por parte de nuestros representantes políticos y administraciones. Es necesario informarse bien antes de realizar juicios vagos o interpretaciones perversas. Miles y miles de familias nos jugamos nuestros hogares.
Fernando Ramia Blasco
Presidente de la Asociación de Vecinos de Almenara Afectados por la Ley de Costas
